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Casas baratas, riesgo caro: advierten afectaciones por tope en precios de viviendas del Infonavit
El límite de 630,000 pesos fijado por el instituto con la realidad del mercado urbano, donde construir una casa supera 1 millón de pesos
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Publicado: 02.10.2025 – 09:00Actualizado: 02.10.2025 – 09:00Compartir por WhatsAppCompartir por TwitterCompartir por FacebookCompartir por Linkedin
El precio máximo por el cual se comercializarán los hogares edificados dentro del programa Vivienda para el Bienestar, podría tener un impacto directo en la calidad de las construcciones, advirtieron especialistas de la industria habitacional.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) definió un límite máximo de 630,000 pesos en el precio de las casas que construirá dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar, el cual prevé la edificación de 1.8 millones de hogares durante el presente sexenio, de los cuales 1.2 millones corresponden a dicho organismo.
El mecanismo del Infonavit prevé la adquisición de reservas territoriales a través de constructoras privadas, que además serán responsables de edificar las viviendas. En este sentido, Karim Oviedo Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), recalcó que topar el precio a 630,000 pesos es un riesgo para estas empresas.
“Podría ser viable para los desarrolladores que hayan comprado tierra muy barata y, sobre todo, que tengan experiencia en construir vivienda de interés social. De otra manera, se van a meter en un problema económico y no van a cumplir”, comentó en entrevista.
El experto descartó que se repitan prácticas de sexenios pasados en los que se construyó vivienda en zonas alejadas de los centros de trabajo, ya que se establecieron polígonos de contención, “pero sí puede provocar una calidad pobre en los materiales y esto va en total detrimento del consumidor”.
Suelo caro y escaso
De acuerdo con Ricardo Trejo, director general de la consultora Forecastim, el límite de 630,000 pesos resulta inviable en las principales ciudades del país, donde la demanda habitacional es alta, pero el suelo es escaso y costoso.
“Hay terrenos baratos en algunas entidades, pero carecen de desarrollo urbano. Puede haber negociaciones para la regularización a través del sistema de propiedades del Estado, pero en las ciudades se podrían enfrentar restricciones”, apuntó Trejo.
Según la AMPI, construir una casa básica en zonas metropolitanas supera fácilmente 1 millón de pesos, lo que deja en duda la viabilidad del programa del Infonavit en entornos urbanos consolidados.
“El tope además de injusto está muy generalizado, en zonas como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey será muy difícil llegar al precio que estableció el Infonavit. Algunos desarrolladores han hecho sus corridas financieras, y comentan que con sus costos actuales no les alcanza para hacer vivienda económica”, comentó el especialista.
Barrera en trámites
Además del costo del suelo existen obstáculos adicionales para construir una casa de nivel social, como el encarecimiento de la mano de obra, los materiales y la tramitología.
Si bien, el gobierno federal, a través del Infonavit y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha prometido apoyo en procesos administrativos, éstos no se pueden exentar.
“El Infonavit está enfrentando el problema que tienen los desarrolladores: los trámites son tardados y costosos. Quizá sea hasta el siguiente año que vamos a ver más construcción, porque hay muchos proyectos, pero no muchos permisos. Es un círculo vicioso que también pega a la Vivienda del Bienestar”, advirtió el presidente de la AMPI.
Desalojos en CDMX: denuncian vacíos legales contra el derecho a la vivienda
Afirman que el protocolo anunciado por el gobierno capitalino es un avance, pero insuficiente sin ajustes en juicios civiles y procesos judiciales
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Publicado: 01.10.2025 – 09:00Actualizado: 01.10.2025 – 09:00Compartir por WhatsAppCompartir por TwitterCompartir por FacebookCompartir por Linkedin
Ante los desalojos recientes en la Ciudad de México, —en zonas como la Roma y el Centro Histórico, donde al menos tres decenas de familias fueron retiradas de edificios habitacionales— asociaciones hacen un llamado al gobierno capitalino para establecer protocolos y regulaciones que protejan el derecho a la vivienda.
De acuerdo con la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda Adecuada “María Luisa Marín” y la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina (HIC-AL), es un avance que el gobierno local haya anunciado la creación de un protocolo sobre desalojos y la incorporación de medidas en el Bando 1, aunque insisten en que las acciones deben reflejarse también en la legislación civil y en los procesos judiciales.
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“Llamamos a concretar también cambios en la legislación civil en materia de arrendamiento y desalojos. Esto considerando que en el 2024 entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), que busca unificar los procesos en todo el país”, indicaron las organizaciones.
Focos rojos en el procedimiento
La Clínica Jurídica y la HIC-AL realizaron un análisis sobre los desalojos en la Ciudad de México, en el que remarcan las limitaciones estructurales en los juicios civiles de arrendamiento y ejecución de desalojo. Entre las principales problemáticas destacaron:
- Limitaciones procesales: De acuerdo con las organizaciones, la ley no garantiza notificaciones adecuadas, otorga apenas cinco días para responder una demanda de desalojo y se carece de mecanismos para proteger a infancias, adultos mayores o personas con discapacidad durante la ejecución. “Además, se permite la intervención de cargadores informales que operan fuera de la ley y no se contempla suspender un desalojo vía apelación”, menciona el documento.
- Falta de alternativas habitacionales: La legislación actual no contempla la obligación de proveer vivienda temporal o definitiva a familias vulnerables que quedan en situación de calle tras un desalojo.
- Prevalencia del derecho a la propiedad: Se observó que los jueces suelen dictar sentencias que priorizan la propiedad privada sobre el derecho humano a la vivienda, sin un análisis riguroso ni integral.
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Cambios en legales en materia de desalojos
Las organizaciones enfatizan la urgencia de reformar el marco legal y fortalecer la protección a las personas desalojadas, con apego a los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que proponen:
- Fortalecer las garantías procesales en los juicios de arrendamiento.
- Capacitar a jueces y autoridades en la interpretación constitucional y de tratados internacionales en materia de vivienda.
- Establecer un protocolo obligatorio de desalojos que asegure procedimientos transparentes y con perspectiva de derechos humanos.
- Garantizar alternativas habitacionales mediante políticas públicas para quienes enfrentan pérdida de vivienda.
“Desde este espacio de defensa seguiremos contribuyendo al derecho a la vivienda y confiamos en que estas propuestas sean retomadas por las autoridades y el Congreso en beneficio de quienes día a día ven vulnerados sus derechos en tribunales”, apuntó la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda Adecuada.
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